Miriam Guartán responsabiliza a los simpatizantes de Rodrigo Quezada, alcalde elegido en las urnas y luego destituido por un grupo de concejales, de la ruptura de las tuberías en tres sectores de la ciudad y aseguró que presentará pruebas a la Fiscalía.

A este inconveniente se suma que, desde el pasado lunes, 150 policías custodian la entrada del Municipio para evitar la alteración del orden público por los enfrentamientos entre los simpatizantes de Guartán y Quezada.

Respecto a la inestabilidad política del cantón, Guartán sostiene que continúa ejerciendo sus funciones con el apoyo del pueblo y dice que quienes están en su contra son un grupo de 25 simpatizantes de Quezada que no van a impedirle ejercer su función.

Aseguró también que se está ejecutando un inventario en las computadoras de la Municipalidad de Santa Isabel para que la información sea manejada de forma adecuada. Sobre la revocatoria de mandato, aseguró que es derecho del pueblo solicitar la revocatoria y que está dispuesta a este proceso.

Cuenca, 27 de Enero del 2012

Marìa del Carmen Yanez

No obstante, de acuerdo a Jorge Avilés, presidente de la Asociación de Servidores Judiciales del Azuay, hasta el mediodía ninguno de los funcionarios de la  provincia recibió el correspondiente comunicado.

Aunque se notó un ambiente de trabajo tranquilo, algunos empleados no ocultaron la expectativa de conocer los puntajes; sobre todo porque quienes no completen la nota básica de 70 sobre 100, pueden ser cesados.

Al respecto, Avilés acotó que reglamentariamente los funcionarios que no lleguen a 70 puntos, pueden pedir reconsideración y recalificación, solo de persistir una calificación inferior a ese mínimo serán excluidos de sus puestos. Para solicitar la reconsideración tendrán tres días calendario a partir de ser notificados.

Añadió que existe confianza en no tener malas notas, recordó que los miembros del CJT los han felicitado porque Azuay es el distrito que menos problemas presenta en la administración de justicia.

En cuanto a los aspirantes en Azuay a jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia, y de contravenciones, hasta las 12:00 de ayer tampoco eran notificados.

Cuenca 27  Enero  del 2011

Marìa del Carmen Yanez

Los veedores, 16 en total, fueron posesionados por Mónica Banegas, vocal nacional del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, y Paúl Serrano, coordinador de la entidad en el Azuay.

La falta de tolerancia y buen servicio a ciudadanos con discapacidad por parte de los conductores de buses y taxis motivaron a los ahora veedores a concurrir al llamado del CPCCS. Entre estos hay quienes tienen hijos, hermanos o algún familiar con limitaciones físicas, intelectuales o sensoriales. Incluso, uno de ellos es discapacitado.

Franco Serrano, de 60 años de edad, quien tiene el 70 por ciento de movilidad en sus piernas, espera evidenciar desde esta instancia el maltrato e indiferencia de los transportistas públicos para con los grupos de atención prioritaria.

Catalina Ávila, madre de un chico con discapacidad intelectual, quiere ser parte de un cambio de mentalidad; a través de su hijo ha sufrido el discrimen de muchos choferes, quienes se niegan a cobrar el medio pasaje o, simplemente, no se detienen a brindar el servicio.

Además de Catalina y Franco, conforman la veeduría: Karen Astudillo, Dalila Patiño, Ana María Abril, Alexandra Vallejo, María Bravo, Betty Ballesteros, Tatiana Altamirano, María Gavilanes, Juan Pablo Merchán, Jorge Rodríguez, Jorge Orellana, Diego Ulloa,  Juan Manuel Vintimilla y Mizax Segarra.

Según Mónica Banegas, el objetivo es tomar nota de los problemas en la atención y también de los buenos procedimientos; los datos recabados se entregarán al Concejo Cantonal, a la Agencia Nacional de Tránsito y a otras entidades competentes.

Cuenca 27 Enero  del 2012

María del Carmen Yanez